La defensa del economista y abogado Francisco Grau considera «a todas luces excesiva» la confiscación de 473.211 euros en cuentas y fondos de inversión, del 40% de una vivienda en Alicante y de un Smart Fortwo
Hemeroteca – Paco Grau, el fiscalista que pretende demostrar “estadísticamente” que estaba en la trama de Zaplana por casualidad
Francisco Grau, el contable de la trama corrupta liderada por el exministro del PP Eduardo Zaplana, quiere saber si la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por tiempo de tres años “se refiere a la profesión colegiada de economista o a la de financiero”. Así lo plantea en un escrito dirigido a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València en el que pide una subsanación y complemento de la sentencia del ‘caso Erial’ que lo condenó el pasado 15 de octubre a una pena de cinco años de prisión por un delito de blanqueo de capitales y una multa de 20 millones de euros, además del pago de las costas procesales. Se trata de la posibilidad de aclaración de una sentencia después de haber sido dictada, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Grau recuerda que el condenado tiene la doble condición de economista y de abogado, desde que se dio de alta como letrado en 2017, un año antes de las detenciones del ‘caso Erial’. De la aclaración depende su futuro profesional después del cumplimiento de la pena de prisión en caso de una condena firme.
Su participación en los hechos está vinculada a su condición de asesor fiscal. De hecho, Joaquín Barceló ‘Pachano’, testaferro confeso’ de Zaplana, aseguró en una conversación telefónica intervenida por los investigadores que Grau era el “artífice” de la “ingeniería” societaria de la trama corrupta. Una tesis que avala plenamente la sentencia.
El fiscalista, que formó parte del consejo de administración de la quebrada Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), era el asesor fiscal de Zaplana y de su familia. El apartado de hechos probados de la sentencia acredita que en el “reparto de funciones” de la trama, el expolítico del PP “colocó como financiero” para la gestión de las comisiones en empresas ‘offshore’ en paraísos fiscales a Paco Grau, “de su círculo de amistad más estrecho y que poseía los conocimientos financieros necesarios para dar las órdenes oportunas a Beatriz García Paesa”, la sobrina del famoso espía encargada de la gestión de las firmas pantalla en Luxemburgo.
El fiscalista, agrega el fallo, “conocía” la procedencia ilícita de los fondos. El condenado también prestó sus servicios en la inversión de las comisiones blanqueadas en Andorra y Panamá y en su retorno a España mediante negocios inmobiliarios y uso de grandes cantidades en efectivo. Fue él quien “ideó el entramado societario” de la trama, indica la Audiencia de València.
La “cuenta de la vieja” de Paco Grau
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil halló en el registro de su vivienda la “cuenta de la vieja”, nombre literal del archivo informático que detallaba los movimientos contables de la trama.
El escrito de Paco Grau también lamenta que la sentencia le imponga el pago de las costas procesales “sin mayor precisión”, por lo que pide “precisar la cuota”. El fallo también mantiene intervenidos bienes del fiscalista “a efectos de garantizar el cumplimiento por los condenados de sus responsabilidades pecuniarias”. Así, continúan bloqueados un total de 473.211 euros en cuentas bancarias y fondos de inversión, además del 40% de una vivienda en Alicante y un vehículo Smart Fortwo. Los fondos confiscados a la trama ascienden a un total 11,5 millones de euros.
La defensa del fiscalista recuerda que entre las responsabilidades pecuniarias que pueden asegurarse mediante la fianza o el embargo de bienes no está la pena de multa, lo que sería “tanto como imponer una pena anticipada”. Grau fue condenado a una multa de 20 millones de euros. La intervención de sus bienes le parece “a todas luces excesiva”.
El escrito también plantea la necesidad de complemento de la sentencia por una “falta de pronunciamiento congruente” relativa a dos cuestiones previas planteadas por la defensa de Francisco Grau en el juicio oral: las supuestas vulneraciones del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.