Cristina Ayala (PP) dice que no quiere «asumir» el coste de que no haya cuentas municipales para 2025, mientras Vox en la Diputación apoyará unos presupuestos del Partido Popular que sí contemplan convenios con las entidades afectadas
El PP de Burgos dice que “no eliminaría” las ayudas a las ONG que trabajan con migrantes si gobernase “en solitario”
“No olvides que eres alcaldesa gracias a Vox y que nuestros votos no son gratis. Hay que actuar contra la inmigración ilegal”. De esta forma recordaba en junio el líder de Vox, Juan García-Gallardo, todavía vicepresidente de la Junta de Castilla y León, la fragilidad y obligaciones del pacto de gobierno entre su partido y el PP en el Ayuntamiento de Burgos a raíz de otra polémica en materia migratoria. Tras casi una semana sin pronunciarse por la polémica, la alcaldesa, Cristina Ayala (PP), ha señalado que no quiere “asumir” el coste de que no haya cuentas municipales para 2025 por lo que “en este momento no hay opción de cambiar el presupuesto”.
La alcaldesa ha justificado la medida con que hay comprometido un pacto de gobierno para “darle estabilidad a la ciudad” y sacar adelante el proyecto para no “paralizar” a la ciudad. La regidora ha indicado que existen diferencias entre PP y Vox aunque, a pesar de una medida contra las personas migrantes, están “mucho más cerca de Vox” de lo que están del PSOE.
Ayala ha seguido cargando contra al PSOE para hacer latentes las discrepancias con el modelo socialista y el de PP y Vox. Para la alcaldesa ambos partidos no coinciden “en absolutamente ninguno de los proyectos de ciudad”. Los socialistas, de mano de su portavoz municipal y exalcalde, Daniel de la Rosa, han hecho un ofrecimiento al PP para romper y reeditar acuerdos para sacar adelante los presupuestos.
‘El fin que justifica los medios’ para Ayala es aprobar las cuentas municipales para 2025. Cueste lo que cueste. Todo ello, a pesar de que la medida cuenta con un fuerte rechazo social y con una manifestación en contra que ha concentrado a unas 2.500 personas. “El hecho de estar con un socio de gobierno conlleva que o aprobamos -sus propuestas- o no hay presupuestos”, ha indicado la alcaldesa. Días antes, la portavoz del Ayuntamiento aseguraba que no existía “chantajes ni amenazas” en torno a la supresión de 119.000 euros a las ONG. La propia Ballesteros llegó a indicar que «no habrían eliminado estas ayudas si hubieran gobernado en solitario”.
“El año pasado fueron unas exigencias y este año son otras exigencias. El año que viene habrá un planteamiento diferente. Ya veremos cuál es ese planteamiento diferente”, ha explicado Ayala. Entre los ‘tijeretazos de Vox y PP en Burgos en los presupuestos para 2024 están la eliminación de ayudas a la Coordinadora para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos y la Cátedra de la Universidad o la reducción a la mitad del presupuesto de la de cooperación internacional.
En junio de este año Vox trató de hacer que la Policía Municipal realizase “inspecciones periódicas, visitas domiciliarias y controles de identidad” con el objetivo de detectar “posibles casos de empadronamiento ilegal”, según el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores (Vox). Todo esto sin sacar datos a la palestra para tratar de justificar una medida que, según Vox, evitase empadronamientos “ilegales” para “recibir ayudas o intentar regularizar su situación”. También señaló un posible “fraude electoral” en estos empadronamientos además de apuntar que “todas” las causas están relacionadas “con casos de inmigración ilegal”.
En esta ocasión la alcaldesa tuvo desautorizar a su socio de gobierno y recordó que las órdenes a la Policía solo las da ella. En ese momento, el ahora exvicepresidente de la Junta le recordó las obligaciones de su pacto en un mensaje en la red social X.
Esta medida afecta a las ONG Burgos Acoge, Accem y Atalaya que dejarán de recibir 119.000 euros por, como consideró el vicealcalde, contribuir al “efecto llamada” sin añadir una explicación justifica a la medida. Martínez-Acitores este jueves en la emisora Radio Arlanzón, en una tertulia junto a los portavoces municipales del PP y PSOE, ‘ha invitado’ a la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos -la patronal provincial y local- a rebotar las partidas que reciben del Ayuntamiento a las ONG.
Fuera de este recorte se quedaba Cáritas, quien anunció este lunes en un comunicado que no iba a suscribir con el Ayuntamiento la prórroga del convenio de acogida temporal para inmigrantes mientras no se alcance un acuerdo para incluir en el presupuesto del Consistorio para 2025 con el resto de entidades.
Todo el trabajo que asumían las ONG, como explicó este martes la portavoz y ha apoyado la alcaldesa, lo tendrá que asumir “como buenamente pueda” la plantilla de trabajadores sociales del Ayuntamiento de Burgos, como apuntado Ayala.
El PP y Vox mantendrán las ayudas a las ONG en la provincia
La Diputación de Burgos, presidida con mayoría absoluta del PP, sí que destinará fondos a las ONG y, además, incrementará las ayudas, tal y como ha afirmado el presidente de la Diputación, Borja Suárez, que además es presidente del PP provincial y concejal en el Ayuntamiento. Los presupuestos de la institución provincial contarán con el apoyo de la extrema derecha a cambio de multiplicar por 30 los fondos para mujeres vulnerables que se planteen abortar, tras pasar de mil euros a 30.000 euros para 2025.
Sobre esta medida o la supresión de convenios con las ONG afectadas, como ha desvelado Suárez, Vox no ha hecho ninguna petición al respecto. El presidente del PP burgalés ha defendido la posición de la medida tomada en el Ayuntamiento de la capital aunque ha reprochado que las “formas” no le gustan por lo que tendrán que abordar la medida con las entidades.
El presidente del PP provincial ha querido señalar que “hay diferentes Vox”. Por un lado, “el Vox de Castilla y León, que rompe un pacto de gobierno por una ocurrencia del señor Abascal y con una irresponsabilidad que todavía no han explicado”, como ha relatado. Por otro lado, según Suárez, también está “el Vox del Ayuntamiento de Burgos”, “al dictado del mismo que rompió el pacto en Castilla y León” y, por último, Vox de la provincia, que “nada ha puesto sobre la mesa”.
En su reflexión, Suárez ha valorado positivamente la labor de las ONG con las personas migrantes. Para el líder ‘popular’ Burgos es “una provincia que la va a salvar la inmigración” y que, “si tiene futuro, va a ser por las personas que vienen de fuera a estar en nuestro territorio”.
Respaldo “firme” de la Plataforma del Tercer Sector Social de Castilla y León a las ONG de Burgos
La Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León (PTSCyL) ha trasladado este miércoles su “firme” respaldo, apoyo y reconocimiento a la labor que realizan las entidades del tercer sector social, con una mención expresa a las entidades que se dedican a la atención de inmigrantes en Burgos, informa Europa Press.
A través de un comunicado de prensa, la Plataforma del Tercer Sector ha advertido además de que la eliminación de los convenios de colaboración que han mantenido ACCEM, Burgos Acoge y Atalaya Intercultural con el Ayuntamiento de Burgos “pondrá en riesgo la continuidad” de su trabajo y los beneficios que aportan a la sociedad.
La Plataforma ha reivindicado la necesidad de mantener la financiación que han recibido estas entidades “desde hace años” para poder garantizar así la continuidad “de sus valiosos servicios”. El presidente de la plataforma, Francisco J. Sardón, ha insistido al respecto en que la labor de las entidades del tercer sector social y de las entidades de inmigrantes “es insustituible” y ha defendido que su impacto en la sociedad “es inmensurable”.
“No solo benefician a los inmigrantes, sino que también fortalecen el tejido social de nuestra Comunidad”, ha aseverado el presidente de la Plataforma que reitera que estas organizaciones son “esenciales” para la construcción de “una sociedad más inclusiva y diversa” ya que proporcionan “servicios cruciales que facilitan la integración y el bienestar de los inmigrantes”.
A esto han añadido que las entidades del tercer sector social trabajan en red para ofrecer educación, formación profesional, apoyo legal y asistencia social, una colaboración entre organizaciones que permite “maximizar el impacto y asegurar que los inmigrantes puedan desarrollar su potencial y contribuir al enriquecimiento cultural y económico del país”.