La comisión para exponer a Begoña Gómez se vuelve en contra de las intenciones del PP: «Todo fue legal»

Como en los scalextric de las barracas de feria, un convoy de la plataforma ultracatólica HazteOir —dos camionetas con pantallas electrónicas y un autobús— daba vueltas este miércoles por la mañana por la avenida de Pablo Neruda de Vallecas, frente a la Asamblea de Madrid. Faltaban las bocinas, pero abundaban los periodistas, que acudieron por decenas a la sede del Legislativo regional (un récord en lo que va de legislatura), para la comparecencia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que se había convocado para explicar su relación con la Universidad Complutense de Madrid según los parámetros de PP y Vox.

Inciso: la noche antes el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, ya se había apresurado a concluir que este miércoles, Begoña Gómez iría “pa’lante”, en el lenguaje que han adoptado tanto Miguel Ángel Rodríguez como su superior directa.

Begoña Gómez decidió no declarar, entre interrupciones de la representante del PP en la comisión impulsada por la mayoría absoluta regional de Díaz Ayuso. Y antes de guardar silencio ha denunciado, por primera vez que la causa abierta contra ella e impulsada por organizaciones y partidos de extrema derecha tiene “un objetivo político evidente”. Tras abandonar la esposa del presidente la Asamblea, compareció otro de los imputados: Joaquín Goyache. Rector de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los investigados en la causa que lleva desde hace meses el juez Juan Carlos Peinado.

La comisión y las preguntas de los partidos que la impulsan tenían un objetivo: apuntalar la culpabilidad de Begoña Gómez y, a ser posible, mezclarlo con asuntos ajenos como el rescate de Air Europa o la presidencia del Gobierno. El resultado no ha sido el esperado por las derechas. Goyache ha negado cualquier tipo de trato de favor a Gómez durante la década que ésta colaboró con la UCM, ha defendido la limpieza de todos los procesos que rodean los dos másters y la cátedra que dirigió hasta su cancelación reciente y ha desmentido las principales líneas de acusación relacionadas con la universidad.

Una de sus primeras respuestas ha afectado al detalle que más emocionó a las acusaciones populares del caso. Hace varios meses los abogados de Vox, HazteOir, Manos Limpias y Iustitia Europa abandonaron el juzgado visiblemente emocionados porque Goyache había tendido un puente que les permitía llegar hasta Pedro Sánchez: su primera reunión con Begoña Gómez sobre la cátedra había tenido lugar en La Moncloa. Este miércoles, Goyache ha explicado por qué: era el verano de 2020, la sociedad española salía de los confinamientos establecidos por la pandemia de COVD-19 y la mayor parte de la universidad estaba cerrada.

Según explicó, la primera propuesta de Begoña Gómez fue reunirse en la zona de la UCM donde ella trabajaba, “pero estaba cerrada”. Después también propuso hacerlo de forma telemática, por “videoconferencia”, pero al final invitó a Goyache a ir a La Moncloa. “No tuve ningún inconveniente, iba a ser más fácil por temas de seguridad”, ha dicho. Preguntado por el PP sobre este detalle que en su momento dio alas a las acusaciones y al juez, Goyache también negó haber visto ese día a Pedro Sánchez.

La relación de la cátedra con Begoña Gómez ha sobrevolado buena parte de la sesión de este miércoles. La camioneta que HazteOir, una de las acusaciones populares, hacía pasear por la puerta de la Asamblea de Madrid, ironizaba con un mensaje: “Hoy viene la Begoña catedrática”. La organización integrista insiste en desconocer la diferencia entre una catedrática de universidad pública en sentido estricto y la figura de la “cátedra extraordinaria”: programas financiados por empresas privadas en colaboración con universidades públicas con requisitos menos exigentes para su dirección.

Goyache explicó algunas otras cosas. Dijo que Gómez fue el contacto entre la UCM y dos empresas: Reale Seguros y Fundación La Caixa. “La cátedra se crea en un convenio con dos instituciones, no se crea con la señora Begoña Gómez, sino con dos grandísimas instituciones”, subrayó. Luego aseguró que Begoña Gómez no es catedrática y que aunque ningún otro director de cátedra tiene un “perfil similar” –sin una titulación superior– es algo factible en estos casos: “Pueden no ser doctores ni titulados y proponer o dirigir una cátedra”. “La codirección de una cátedra extraordinaria no tiene ninguna labor académica, no se exige titulación, son gestores, no se exige ese tipo de titulaciones que se exigen para actividades docentes regladas, es una labor de gestión”. El rector calificó de “aberración” afirmar que hicieron catedrática a Begoña Gómez.

También fue tajante al negar que alguien diera trato de favor a Gómez por ser esposa del Presidente del Gobierno, otra de las principales líneas de investigación del juez Peinado. “Desde luego que no”, afirmó la primera vez. “Todo fue absolutamente legal y regular, se han hecho muy bien las cosas”, aseguró después. La representante de Vox, cuyo partido es acusación popular del caso y tiene acceso a las declaraciones de imputados y testigos, preguntó entonces si el vicerrector Juan Carlos Doadrio dijo que se sintió forzado a contratar a Gómez: “Una cosa es lo que se dice en los medios y otra cosa lo que dijo en sede judicial”. Y ante el juez, ha recordado, afirmó que “jamás se sintió presionado”. “Tengo la transcripción de su declaración”, replicó el rector a la diputada regional de Vox cuando ha cuestionado sus palabras.

Las palabras de Joaquín Goyache son las palabras de un imputado pero coinciden con lo que viene defendiendo públicamente la UCM en los últimos años, incluso antes de que existiera la causa judicial. Ya en 2023 un abogado requirió información al centro y éste defendió que contaba con Gómez por su experiencia y su largo historial de colaboraciones con la universidad. Lo mismo que, por escrito, ha comunicado recientemente al juez Peinado.

María Elvira Gutiérrez-Vierna, interventora de la UCM, fue la última en comparecer en la Asamblea Regional y durante el interrogatorio apuntó a la única irregularidad que ella admite en el caso, una irregularidad administrativa y no penal, y que tiene que ver con la autorización del pago de varias facturas. Lo hizo ella cuando esa función correspondería al rector. “Es un incumplimiento que lleva a la nulidad del contrato, en mi opinión”, dijo la compareciente, que ya lo había afirmado en un informe. Y fue el centro, a través de la vicerrectora de Economía, quien terminó aprobando el pago por delegación. Sin embargo descartó que algunas de esta facturas se trocearan y también negó la existencia de facturas falsas.

“Abusó de su condición de esposa del Presidente”

Buena parte de la comparecencia de Gómez se convirtió en un cruce de preguntas y abucheos. Preguntas de las representantes de PP y Vox trufadas con afirmaciones y abucheos de PSOE y Más Madrid que reprochaban, muchas veces sin éxito, que la diputada del PP y presidenta de la comisión, Susana Pérez, fuera tan permisiva cuando los dos partidos de la derecha excedían claramente el objeto de la comisión: las irregularidades en la Complutense.

Mercedes Zarzalejo fue la diputada popular encargada de comenzar el interrogatorio, a la que no se puede achacar ignorancia, pues es doctora en Derecho. Sus preguntas, a pesar de la entonación interrogativa, eran en la práctica afirmaciones en las que ya quedaban patentes las conclusiones de los populares; por ejemplo: “¿Por qué abusó de su condición de esposa del presidente del Gobierno para fabricarse una carrera profesional que hasta entonces nunca había tenido?”.

Gómez había entrado en la sala de la comisión acompañada del portavoz del PSOE, Juan Lobato, y otros diputados socialistas. El momento pudo ser grabado sin impedimentos por las cámaras porque el personal de la Asamblea había relegado a los periodistas sin pertrechos a un lateral del pasillo, tras un cordón. Una vez sentada y tras la primera andanada de Zarzalejo, Gómez explicó que no respondería a las preguntas, pero al hacerlo ya rechazaba algunas de las afirmaciones de la diputada popular. “Desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia, he coordinado equipos, dirigido proyectos, asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y el tercer sector. Hace 12 años que inicié una colaboración con la Complutense, como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria, que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y no remunerada”, dijo. Luego defendió haber llevado “una vida profesional labrada con mucho esfuerzo, como una más”, como hacen “millones de mujeres cada día en nuestro país”.

Al contrario que en el juzgado, donde se suspende el interrogatorio cuando la declarante se niega a responder, en la Asamblea continuaron las preguntas, para indignación del PSOE. La doctora en Derecho del PP evidenció que para ella quien no declara es porque algo malo ha hecho, por mucho que diga la Constitución. “Una persona inocente que se siente perseguida por los adversarios políticos de su marido se defendería con uñas y dientes”, determinó Zarzalejo, tras una intervención en la que achacó a Gómez “colarse en el mundo de la universidad” y “disfrazarse de catedrática”. También trató de vincular este asunto con la investigación por corrupción al exministro José Luis Ábalos.

Gómez se mantenía impertérrita, tamborileando ocasionalmente con los dedos, echando un vistazo fugaz al teléfono en alguna ocasión, pero mirando casi siempre a los diputados a la cara. Incluso cuando la portavoz de Vox, Ana Cuartero, tiró por elevación en el arranque de su interrogatorio, en el que tampoco se plantearon muchas dudas de fondo. “El autor intelectual de la trama de corrupción que ha motivado esta comisión de investigación es su marido, Pedro Sánchez”, lanzó. Gómez sería según ese relato una “testaferro” que actúa “servilmente”. Cuando la diputada llamó “autócrata” al jefe del Ejecutivo, la presidenta de la comisión, Susana Pérez Quislant, consideró que se había pasado. Le pidió a Cuartero que lo retirase, pero esta se negó sin dar mayores explicaciones. Pudo haber alegado que el epíteto era más suave que el “estalinista” que le suele dedicar a Sánchez la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pero no lo hizo.

PSOE y Más Madrid intervinieron para cuestionar la misma existencia y desarrollo de la comisión. “Buscan linchar al presidente linchando a su mujer”, protestó la socialista Marta Bernardo, tras recordar que el PP “ha vetado en cinco ocasiones” investigar las muertes en las residencias de mayores durante el Covid. Manuela Bergerot, de Más Madrid recordó otros vetos, como el de la comparecencia del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por los bulos contra la prensa. “La Comunidad destina un 0,02% de su presupuesto a las cátedras que quieren investigar con esta comisión”, contextualizó. La presidenta Pérez Quislant se mostró inflexible mandándolos callar. “Esto no es el objeto de la comisión”, repetía. Su celo reglamentario se relajó ligeramente cuando los diputados terminaron con Gómez.