Fundación SAMU reconoció en la Audiencia Nacional que el expediente estaba «injustificado» y pactó la readmisión de la plantilla, el pago de salarios con intereses y devolver las prestaciones de paro al SEPE
Agresiones, suciedad y ansiolíticos: la acogida de menores en un centro de SAMU ante la Fiscalía
El nombre de la Fundación SAMU se repite una y otra vez en las adjudicaciones de servicios públicos de acogida de menores migrantes, de discapacidad y otros servicios sociales en Andalucía, Canarias y la Comunidad de Madrid, entre otras regiones. Hace unos días, la entidad reconoció en la Audiencia Nacional la aplicación de un ERTE fraudulento a unos 300 trabajadores para evitar ir a juicio, tras la demanda por conflicto colectivo presentada por los sindicatos CCOO, UGT y CGT. La Inspección de Trabajo había constatado ya la irregularidad del procedimiento, que la fundación aplicó de forma unilateral.
En el acuerdo de conciliación, suscrito el pasado 26 de septiembre antes de iniciarse la vista en la Audiencia Nacional, la Fundación SAMU reconoce que la medida de suspensión de contratos era “injustificada”, como denunciaron los sindicatos. La representación de la plantilla negaba la existencia de “motivos económicos” para aplicar el ERTE, como aseguraba y ejecutó a finales de abril la entidad del tercer sector presidida por Carlos González de Escalada.
El acta de conciliación acuerda así la “restauración” de las condiciones de trabajo a las personas afectadas por parte de la Fundación SAMU. A quienes estuvieran en ERTE, la fundación accede a poner fin a la suspensión de sus contratos en cuestión de tres días y se compromete a no iniciar las suspensiones previstas para el 1 de octubre. La entidad deberá además pagar a los trabajadores afectados los salarios dejados de percibir en este tiempo, más un 10% en concepto de intereses por demora.
Además, la fundación tiene que regular con el SEPE las prestaciones por desempleo recibidas por las personas incluidas en el ERTE. “Se han establecido unos compromisos de pago que, por supuesto, se van a cumplir”, responden fuentes de la Fundación SAMU a este medio.
Intención de un ERTE para 1.400 personas
“Era un absoluto despropósito”, coinciden con las mismas palabras Pedro Ocaña, secretario de Enseñanza privada y Servicios socioeducativos de CCOO, y Gloria Mora, colaboradora de la Secretaría de política sindical de UGT Servicios Públicos. En un inicio, la fundación SUMA quiso aplicar el ERTE sobre 1.400 trabajadores de una plantilla de 2.500 personas, un 56% del total, según la documentación a la que ha accedido elDiario.es. Tras varias reuniones con los sindicatos, sin acuerdo, la entidad aplicó de manera unilateral el ERTE a finales de abril sobre 325 personas.
“Antes de empezar el juicio, la magistrada les advirtió a los letrados de la fundación de que todo era un despropósito, porque aportábamos el acta de la Inspección de Trabajo, que era muy contundente. Advirtió a los letrados de que en caso de continuar, les podía condenar por temeridad, que puede ser sanción económica importante, y que el ERTE lo más seguro es que fuera declarado nulo”, explica Ocaña. Hace unos meses, la Audiencia Nacional condenó a Decathlon por temeridad al pago de 3.000 euros, por ejemplo.
Finalmente, la Fundación decidió pactar las medidas mencionadas y reconocer el ERTE sin causa, es decir, fraudulento. “Nos llegaron a acusar de que no queríamos dar soluciones. Insistíamos que podíamos negociar medidas, pero no el ERTE, porque entendíamos que era una medida lesiva e injustificada”, argumenta la representante de UGT, que destaca la función de los sindicatos para tumbar la decisión unilateral de SAMU.
Desde la fundación, apuntan que “la calificación de injustificado del ERTE es una declaración necesaria de la transacción alcanzada con los sindicatos en el conflicto colectivo. No supone que la difícil decisión de aplicar un ERTE se tomase a la ligera ni mucho menos”.
La Inspección constató múltiples irregularidades
Los sindicatos subrayan la importancia de la labor de la Inspección de Trabajo, que acreditó numerosas deficiencias en el proceso de ERTE ejecutado por la fundación. El órgano vigilante del cumplimiento de la normativa laboral concluyó que SAMU “no aportó la documentación legalmente establecida” en multitud de cuestiones.
Aunque la empresa alegó razones económicas para aplicar el ERTE, no aportó a la Inspección de Trabajo las cuentas exigidas para determinar esta situación. Tampoco demostró haber cumplido con los tiempos del periodo de consultas, ni con la correcta constitución de la mesa de negociación del ERTE para la representación de la plantilla en este procedimiento.
La fundación ni siquiera detalló los centros de trabajo afectados, ni justificó las personas incluidas en el expediente, ni el detalle de si se les reduciría la jornada o se les aplicaría una suspensión de sus contratos. Tampoco la duración del expediente.
“En el calendario aportado por la empresa no se especifican los días de suspensión”, indicó la Inspección, que se hizo eco de la pretensión empresarial del “derecho de suspender” los contratos de los trabajadores entre el 8 de mayo de 2024 y el 7 de mayo de 2025. Durante todo un año.
En la práctica, el ERTE se ha aplicado con continuas entradas y salidas de empleados, debido a la falta de personal que se constataba en el día a día para poder sacar el trabajo adelante, sostienen Mora y Ocaña. “En personal de coles, por ejemplo, querían aplicar el ERTE antes, pero no pudieron y al final se lo aplicaron a profesoras en periodo vacaciones. En centros de discapacidad sí lo ejecutaron más tiempo”, explica la representante de UGT.
Fuentes de SAMU afirma que la fundación “se encuentra sujeta a grandes presiones financieras por el retraso en el pago de las administraciones (algunos por encima del año de plazo) y porque se le imponen prórrogas de servicios que se han convertido en ruinosos por la subida de los costes”.
Servicios públicos “en riesgo”
Los sindicatos alertan de que la Fundación SAMU no solo ha infringido la legalidad con este ERTE, sino que acumula “una retahíla de incumplimientos” laborales, que van desde el incumplimiento de las subidas salariales pactadas en convenio, el retraso en el abono de nóminas, su fraccionamiento o la sustitución de las bajas por incapacidad temporal o excedencias, explican en CCOO y UGT.
Ambas organizaciones denuncian que esto no solo afecta a los derechos de las personas trabajadoras empleadas por SAMU, sino que pone “en riesgo los servicios públicos y afecta a las personas usuarias” de estos. Este verano, la Fundación SAMU fue noticia por una denuncia sobre desprotección infantil en la Casa del Mar, en Lanzarote, con una denuncia ante la Fiscalía que detallaba el mal estado y la suciedad de las instalaciones y recogía los episodios de violencia física y verbal por parte de algunos educadores.
Con el ERTE, había “un servicio que no se ofrecía o que se ofrecía en peores condiciones, porque lo realizaban con menos personal”, destaca Pedro Ocaña, que indica que la Comunidad de Madrid urgió a la fundación SAMU a la retirada del ERTE por no cumplir con los términos de licitaciones adjudicadas. En la fundación lo niegan y aseguran que se sacó al personal del expediente porque “entró en vigor un nuevo acuerdo marco por el que los precios se vieron actualizados, y eso permitió paliar la situación de déficit del servicio”.
CCOO y UGT llaman la atención sobre que se concedan licitaciones de servicios públicos a estas compañías o entidades, pese a la existencia de irregularidades laborales como este ERTE. La Fundación SAMU es una de las ONG o fundaciones que más contratos públicos recibe en la atención a menores migrantes en Canarias, por ejemplo. En general, adjudicaciones por la vía de emergencia, que facilita la contratación a dedo, con muy pocos controles y transparencia.
Este mismo mes de septiembre, la fundación SAMU ha resultado adjudicataria de otro contrato público, por la vía de emergencia, del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta para la atención de menores migrantes. “La duración del contrato cubrirá el período de tiempo estrictamente necesario, para garantizar la seguridad y bienestar de los menores, mientras se posibilita de forma ordenada un sistema de racionalización de la contratación que dé respuesta a las necesidades futuras en esta materia”, recoge el anuncio de adjudicación. La dotación presupuestaria estimada es de casi un millón de euros al mes (990.140 euros/mes).